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Reclaman expedientes de la contratación para establecer responsabilidades en los gastos del 9-N

Por   /  21 julio, 2017  /  No hay comentarios

Abogados Catalanes por la Constitución y Societat Civil Catalana son las entidades que han interpuesto la denuncia en el tribunal de Cuentas a ex cargos del gobierno, donde entrarían Mas, Ortega, Rigau y Homs y exigen al organismo que solicite a la Generalitat los expedientes completos de la contratación para determinar responsabilidades concretas de los funcionarios y de los interventores en los gastos de la consulta del 9N.

Ha sido una estrategia de la Generalitat, responsabilizar a los interventores para salvar las responsabilidades de los ex cargos del gobierno ya mencionados, sin embargo esto puede complicar las cosas a sus funcionarios, por lo que es imperativa la obtención de los expedientes a fin de establecer las responsabilidades.

Mas puede ir a la carcel

Por su parte, la administración ha asegurado que los gastos del 9N son correctos y han sido avalados por los interventores, surge entonces la exigencia de identificar a esos funcionarios a fin de determinar si actuaron de acuerdo a la ley o si por el contrario han sido participes de irregularidades, estos de hecho deberían rendir declaraciones y explicaciones en el tribunal de cuentas.

Los denunciantes insisten en que se reclamen los expedientes de contratación y todos los informes internos contenidos en ellos a fin de constatar las autorizaciones de los funcionarios a ejecutar esos gastos de consulta refiriéndose a las que emiten los interventores “suficiencia y habilitación presupuestaria” o a la que emiten los asesores jurídicos “habilitación jurídica o competencia”; además señalan que conocido el alto nivel de los funcionarios interventores de la Generalitat, plenamente capaces de fiscalizar y controlar las actividades económicas y financieras de los organismos públicos, también deben manejar a la perfección el hecho de que “la autonomía financiera y la potestad presupuestaria de gasto de un ente público no son ilimitadas”, así mismo los órganos de contratación solo pueden financiar aquellas actividades sobre las que tiene competencia.

Parte de lo que se persigue con la denuncia y la reclamación de los expedientes es conocer la forma en que actuaron los interventores, determinar entonces si estos dieron la aprobación de estos gastos del 9N actuando de forma negligente en el cumplimiento de sus obligaciones por desconocimiento, dado que no  recibieron la información completa sobre las contrataciones o por órdenes de sus superiores, siendo esto clave, pero solo se podrá determinar con las ordenes escritas y verbales de sus superiores y otros informes que estén en los mismos.

 

 

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