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Los miembros de la Manada seguirán en libertad

Por   /  4 enero, 2019  /  No hay comentarios

Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra decidieron por dos votos contra uno, que los cinco jóvenes sevillanos miembros de la Manada y condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual en el caso San fermines del 2016, continúen en libertad provisional hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos presentados en contra de la sentencia, ya que según dicen no existen razones suficientes para considerar endeble el riesgo de fuga y modificar su situación.

Como es de conocimiento público, el fallo dictado por la Audiencia de Navarra en abril del año pasado, produjo protestas en España para exigir un castigo mayor por considerar que el delito cometido era una violación o agresión sexual en lugar de abuso sexual.

Asimismo, la liberación bajo fianza después de casi dos años en prisión provisional de los acusados, nuevamente desató las protestas.

Dos de los magistrados de la Sección Segunda desestimaron la prisión provisional que solicitó la fiscalía, las acciones populares realizadas por el Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, así como la acusación particular ejercida por la víctima, después que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal confirmara la condena impuesta en abril.

Mientras el presidente de la misma formuló un voto particular para decretar la prisión provisional comunicada y sin fianza hasta un límite de cuatro años y medio, descontando el periodo entre el 9 de julio de 2016 y el 22 de junio de 2018, día cuando Alfonso Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Guerrero, Jesús Escudero y José Prenda quedaron en libertad tras cancelar una fianza de 6.000 euros cada uno.

Desde esta fecha según se recoge en el auto, no han aportado razones para cambiar la situación personal de los encausados. Destaca que el riesgo de fuga es débil, en seis meses han respetado las condiciones impuestas por la sala y los mismos no han tenido intención de evadir a la justicia.

El auto también sugiere las actuaciones hechas ante el juzgado de instrucción de Pozoblanco donde se planteó que como no se ha celebrado el juicio tampoco no hay sentencia ni se ha convenido prisión preventiva por los hechos.

Cuando se decretó prisión eludible con 6.000 euros de fianza, se les impuso unas obligaciones, como la prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización judicial, obligación de hacer entrega del pasaporte, designar un domicilio donde pudieran ser hallados, comparecer ante el juzgado de guardia más cercano a su residencia y la negativa de entrar en la Comunidad de Madrid donde vive la víctima, ni comunicarse con la denunciante.

Las medidas tendrán vigencia hasta que no exista resolución firme que de por finalizado el procedimiento.

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