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Por   /  25 junio, 2020  /  No hay comentarios


Las instituciones de Cataluña reciben sanción judicial por no derribar un bloque del Barrio de la Mina Se trata del bloque más deteriorado del Barrio de la Mina, el cual debió derribarse, para dar cumplimiento a un plan de urbanismo pautado en el 2002.

Ahora, el Supremo reclama a las instituciones de Cataluña que por su incumplimiento, hoy muchos vecinos se vean afectados por el deterioro visible en el barrio de La Mina, donde la inactividad del Consorcio de la Mina en el que participan: los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià de Besós, la Generalitat y Diputación, ha sido declarada patente.

Al mismo tiempo se les atribuye la responsabilidad de no haber procedido con el desalojo de los residentes y el posterior derribo de la edificación ubicada en la calle Venus, debido a su estado de deterioro.

El derribo de este bloque estaba contemplado en un plan urbanístico del 2002 y debió echarse abajo desde hace 10 años atrás, pero esto no sucedió y el mismo cada vez está en peores condiciones.

Al parecer el pago de 48.000 euros que exigió el consorcio, correspondientes a la diferencia del valor tasado en su momento de los apartamentos que había que demoler y las viviendas por las que serían canjeados, no estaría dentro de las posibilidades económicas de la mayoría de los habitantes.

De hecho, este importe representa el motivo principal por el que la mayoría de las personas afectadas alegan que no han podido mudarse del lugar, exigiendo a la vez que el precio de los pisos fuera fijado por el jurado de Expropiación, cosa que no trascendió.

Lo que ha pasado desde entonces es que aun las autoridades no han sido capaces de sacar a los habitantes del bloque de Venus, de esas condiciones tan precarias y aquellas viviendas que estaban destinadas para ellos, hoy se encuentran ocupadas o han sido cedidas a otras necesidades.

La situación en este momento se vuelve extrema para las autoridades catalanas, ya que la orden del Tribunal Supremo de Justicia Catalana es llevar a cabo el derribo, al mismo tiempo que llevar al Jurado de Expropiación el reclamo de 48 vecinos sobre las tasaciones, guiados por Col. Lectiu Ronda.

Por medio de la sentencia se ha procedido con la amonestación a todas las instituciones que forman parte del consorcio responsable de llevar adelante la remodelación del barrio La Mina, lo cual no será posible culminar en tanto el bloque se mantenga en pie.

Paqui Jiménez es una de las vecinas afectadas, recibe con alegría la decisión que da cuenta de que siempre han tenido la razón en su reclamación, pero no deje de lamentar que han sido 10 años de su vida y la de sus vecinos que se han desperdiciado en medio de goteras, apagones y malas condiciones en general.

Derribar este bloque supone un coste de 19,5 millones de euros y aun no tiene fecha la demolición.

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